La empresa de inteligencia artificial OpenAI se encuentra en negociaciones directas con la administración del presidente Donald Trump para ofrecer al gobierno de Estados Unidos una participación accionaria del 5% en la compañía, según fuentes cercanas a las conversaciones. El CEO de OpenAI, Sam Altman, encabeza personalmente estos contactos con funcionarios de la Casa Blanca, en lo que representa un movimiento sin precedentes en la relación entre el sector tecnológico y el ejecutivo estadounidense.
La cifra propuesta, equivalente al 5% del capital de la compañía, resulta significativamente inferior a la que habría sido planteada como objetivo por el senador Bernie Sanders, quien había abogado públicamente por una participación gubernamental mucho más sustancial en empresas de inteligencia artificial de alto impacto social y económico.
OpenAI atraviesa actualmente un proceso de transformación estructural que la llevaría de ser una organización sin fines de lucro a convertirse en una empresa con fines de lucro convencional. En ese contexto, la posibilidad de ceder una porción del capital al gobierno federal adquiere una relevancia particular, tanto desde el punto de vista regulatorio como político.
La relación entre OpenAI y la administración Trump ha cobrado un nuevo impulso desde que el presidente retomó el poder en enero de 2025. Apenas semanas después de su regreso a la Casa Blanca, Trump anunció la iniciativa Stargate, un ambicioso proyecto de infraestructura de inteligencia artificial evaluado en 500.000 millones de dólares, en el que OpenAI figura como uno de los socios estratégicos principales junto a SoftBank y Oracle.
Que el gobierno de Estados Unidos reciba una participación directa en una empresa privada de tecnología sería un hecho inusual en la historia reciente del país, donde la intervención estatal en compañías privadas ha sido históricamente limitada y objeto de debate político. Sin embargo, el auge de la inteligencia artificial como vector de poder geopolítico y económico ha llevado a replantear los esquemas tradicionales de gobernanza corporativa del sector.
Las conversaciones también se enmarcan en una disputa más amplia sobre quién debe controlar y beneficiarse del desarrollo de la inteligencia artificial. Voces progresistas en el Congreso han argumentado que, dado el financiamiento público indirecto que han recibido muchas de estas empresas a través de contratos gubernamentales e investigación académica subvencionada, el Estado debería tener una representación formal en su estructura de propiedad.
Por su parte, la administración Trump ha mostrado un interés particular en posicionar a Estados Unidos como líder global en inteligencia artificial frente a China, y en asegurarse de que las principales empresas del sector operen en línea con los intereses nacionales. Una participación accionaria directa podría ser interpretada como un mecanismo para garantizar esa alineación estratégica.
La comunidad inversora observa con atención el desarrollo de estas negociaciones, ya que cualquier acuerdo de este tipo podría sentar un precedente que afecte la valoración y la gobernanza no solo de OpenAI, sino del conjunto del ecosistema de inteligencia artificial en Silicon Valley. OpenAI fue valorada recientemente en torno a los 300.000 millones de dólares, lo que convertiría incluso una participación del 5% en un activo de enorme valor para el erario público.
A medida que avanzan las conversaciones entre Altman y la Casa Blanca, quedará por definir los términos exactos del acuerdo, los mecanismos de representación que tendría el gobierno en la toma de decisiones de la empresa y las condiciones bajo las cuales se formalizaría dicha participación. El resultado de estas negociaciones podría redefinir la forma en que el Estado estadounidense se relaciona con la industria tecnológica en los años venideros.