La Copa del Mundo 2026, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá, está atrayendo a millones de fanáticos del fútbol hacia ciudades estadounidenses como Kansas City y Nueva York. Sin embargo, junto con la expectativa deportiva, se ha desplegado una infraestructura de vigilancia sin precedentes que alcanza tanto a los asistentes a los partidos como a los habitantes de las zonas anfitrionas.
Desde meses antes del inicio del torneo, los municipios que albergan encuentros han reforzado sus sistemas de monitoreo y seguridad pública. Esta expansión tecnológica incluye cámaras, reconocimiento facial, análisis de datos en tiempo real y coordinación directa con agencias federales, según han documentado organizaciones de defensa de las libertades civiles y medios especializados en tecnología.
El fenómeno no se limita a los estadios. Los residentes que viven en los alrededores de las sedes también quedan dentro del radio de cobertura de estos sistemas, muchas veces sin saberlo ni haber dado consentimiento explícito. La vigilancia urbana masiva, que solía asociarse a contextos de conflicto o regímenes autoritarios, se ha convertido en una herramienta habitual en grandes eventos deportivos y celebraciones de alcance nacional en democracias occidentales.
Washington D.C., aunque no es sede de ningún partido del Mundial, concentra este verano una serie de eventos de alto perfil, incluidas las celebraciones del 4 de julio y los actos conmemorativos del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, denominado oficialmente America250. La capital federal ha elevado sus medidas de seguridad a niveles históricamente altos para hacer frente a la concentración simultánea de eventos multitudinarios.
El despliegue de tecnología de vigilancia en eventos deportivos internacionales no es nuevo, pero su escala ha crecido exponencialmente en los últimos años. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y el Mundial de Catar 2022, ya se registraron críticas similares por el uso intensivo de reconocimiento biométrico y sistemas automatizados de identificación de personas en espacios públicos.
En el contexto estadounidense, el debate cobra dimensiones adicionales. La Cuarta Enmienda de la Constitución protege a los ciudadanos contra registros e incautaciones irrazonables, pero su aplicación en espacios públicos y en el ámbito digital sigue siendo objeto de litigios y ambigüedades legales. Los tribunales han fallado de manera dispar sobre hasta qué punto el Estado puede recopilar datos de personas que no son sospechosas de ningún delito.
Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la American Civil Liberties Union (ACLU) llevan años advirtiendo sobre los riesgos que implica la normalización de la vigilancia masiva en eventos públicos. Entre sus principales preocupaciones figura el uso secundario de los datos recolectados, es decir, la posibilidad de que información captada con fines de seguridad en un evento deportivo sea posteriormente utilizada para otros propósitos por parte de las autoridades.
El impacto de estas medidas recae de manera desproporcionada sobre comunidades minoritarias, migrantes y activistas, quienes históricamente han sido objeto de un escrutinio más intenso por parte de las fuerzas de seguridad. En ciudades con altas poblaciones inmigrantes, como Nueva York o Los Ángeles, la presencia de sistemas de vigilancia federales durante eventos masivos genera tensiones adicionales en contextos de debate migratorio.
A medida que avanza el torneo y se acercan las fases eliminatorias, el debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y privacidad individual promete intensificarse. La experiencia del Mundial 2026 podría convertirse en un punto de referencia clave para definir los límites legales y éticos de la vigilancia estatal en grandes eventos, tanto en Estados Unidos como en otros países que aspiran a albergar competencias similares en el futuro.